Mediante un pronunciamiento la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, se manifestaron en defensa de autonomía, por lo que exigieron un presupuesto suficiente para la protección de personas defensoras de DDHH y Periodistas en Sinaloa, externado su preocupación por la agenda pendiente y riesgos de un retroceso en los objetivos alcanzados.
Cabe señalar que a un año de la aprobación de la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa no se a concretado lo establecido en la Ley, por lo que exigieron lo siguiente:
1.- Que se destine presupuesto suficiente con objetivos precisos a dicho Instituto para ofrecer las medidas de protección ordinarias y extraordinarias que garanticen la integridad y entornos seguros para el trabajo de los gremios protegidos.
Provoca incertidumbre que en su primer año de operaciones, se le otorgaron apenas 12 millones de los 24 millones de pesos solicitados por la Dirección General; por lo que advertimos que el tema presupuestal no debe ser un instrumento para socavar la autonomía de dicho instituto, y por el contrario, respetar el criterio establecido en la fracción Il del Artículo 64 de la Ley, el cual señala que el presupuesto del Instituto debe ser igual o mayor al 3% del presupuesto asignado a publicidad oficial por el Gobierno del Estado.
2.- Que se resarza la omisión en que se encuentra el Congreso del Estado de Sinaloa al no haber reformado la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para la creación de una vicefiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos, obligación marcada en el Artículo 4o transitorio de la Ley, cuyo plazo fue establecido en los 60 días siguientes a su promulgación.
En aras de la impunidad que persigue a más del 90% de los crímenes de periodistas y personas defensoras, consideramos urgente la creación de una entidad especializada, como la que contempla la legislación o mediante la absorción de estos casos por la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos.
3.- Que el Congreso del Estado designe a la brevedad al titular del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, como responsable de garantizar la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.
4.- Que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales hagan públicos sus lineamientos para contratar publicidad oficial, a fin de no utilizar el recurso público destinado a este rubro como un mecanismo de coerción, censura o control a medios de comunicación o periodistas, tal como lo indica el Artículo 4o de la Ley en mención.
5.- Que el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas consolide su operatividad a través de mapas de riesgo y planes de prevención que sirvan a los gremios amparados para guiarse en el ejercicio de su trabajo y la creación de entornos más seguros para su labor. Asimismo, que establezca a través de su reglamento los criterios para que dicha entidad pública autónoma se integre por equipos multidisciplinarios con perfiles idóneos, a fin de garantizar una atención apegada al respeto a los derechos humanos y a la oportunidad que cada caso amerite.
6.- Que el Consejo Consultivo del Instituto sea el organismo que vigile permanentemente para que las disposiciones en la Ley se concreten y mejoren, con el fin de garantizar la prevención y atención a los grupos amparados por el marco legislativo.
En ese sentido se negaron a que los avances en materia de protección o la movilización social se presente sólo a base de nuevas tragedias o asesinatos.
